SEMANAS MÍNIMAS PARA LA PENSION DE INVALIDEZ
Abril 4 de 2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL  
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil seis (2006).
MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS
Referencia: Expediente No.26947

Acta No.24

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de MARÍA FRAGELINA GÓMEZ DE GÓMEZ, contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2005 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

I-. ANTECEDENTES 

La actora mencionada demandó al citado instituto para que se le condenara a reconocer la pensión de invalidez de su extinto esposo Luis Emilio Gómez Amariles y como consecuencia de ello la sustitución pensional respectiva que a ella le corresponde desde el 29 de febrero de 1994 cuando fue declarada la invalidez total y permanente de su esposo y desde el 14 de febrero del 2000, fecha en que falleció.

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que es la esposa legítima de Luis Emilio Gómez Amariles, quien fue declarado inválido total y permanente por el ISS el 29 de abril de 1994 y falleció el 14 de febrero del 2000.

Agrega, que el ISS le negó la pensión de invalidez al señor Gómez Amariles por no haber cotizado en el año anterior a la fecha del dictamen sobre la invalidez, contrariando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar se le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión por invalidez, con un pago único por valor de $363.275,49. Agotó la vía gubernativa.

El demandado manifestó atenerse a lo que se pruebe y propuso las excepciones de pago de la indemnización sustitutiva, compensación, prescripción y falta de cumplimiento de los requisitos para causar el derecho a la prestación de conformidad con el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

Mediante sentencia del 1 de octubre del 2004 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su cónyuge, a partir del 12 de febrero de 2000, en cuantía no inferior al salario mínimo legal vigente, con derecho a las mesadas adicionales, a los reajustes de ley y a los demás beneficios que la normatividad consagra a favor de los pensionados. Lo absolvió de los demás cargos formulados en su contra y le impuso las costas en un 90%.

II-. SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

Al decidir la apelación interpuesta por el apoderado del demandado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia del 5 de abril del 2005, revocó el fallo del juzgado y en su lugar absolvió al demandado de todas y cada una de las súplicas de la demanda. Le impuso las costas de la primera instancia a la actora. No impuso en la segunda.

El Tribunal, con fundamento en la prueba documental, precisó que el estado de invalidez del finado Gómez Amariles se estructuró a partir del 29 de abril de 1994 y en consecuencia las normas aplicables son las contenidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, que en materia pensional para el sector privado, entró en vigencia el 1 de abril de 1994.

Como el actor cotizó un número total de 255 semanas, pero ninguna de ellas fue cotizada en el año inmediatamente anterior al estado de invalidez, pues la última de sus cotizaciones se registró en el mes de julio de 1988, aunado al hecho de que para el momento de determinarse el estado de invalidez no estaba cotizando al régimen, es claro que el fallecido señor Luis Emilio Gómez Amariles no reunió los requisitos de ley para ostentar la calidad de pensionado por invalidez de origen no profesional.

Aclaró, que tratándose de pensiones de invalidez no opera el fenómeno jurídico de la transición y además de que el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 había desaparecido del mundo jurídico cuando se produjo o se estructuró la invalidez del actor. Tampoco tiene aplicación el principio constitucional de la condición más beneficiosa, pues la invalidez se estructuró en plena vigencia de la Ley 100 de 1993.

En apoyo de sus tesis citó apartes de providencias de esta Corporación al respecto.

III-. DEMANDA DE CASACIÓN 

Inconforme con la anterior determinación, la parte demandante interpuso el recurso de casación, con el siguiente contenido.

“4°) La declaración del alcance de la impugnación. Como lo han señalado la doctrina y la jurisprudencia, tal exigencia consiste en la concreción, por parte del recurrente, de lo que persigue respecto de la providencia impugnada, esto es, si se persigue el quebranto total o parcial, en este último caso de cúal (sic) o cúales (sic) ordenamientos y en qué forma y medida, indicándose, además, lo que proceda acerca del fallo de primer grado, en la subsiguiente decisión de instancia.

Respecto de esta posición que debe asumir el recurrente al impugnar la sentencia de segunda instancia referida en el ordinal 2°) de esta demanda y en el literal e) del hecho 3°) de la misma, cabe manifestar que se persigue el quebranto total de la sentencia, ya que la pretensión del demandante fue denegada en su totalidad por dicho fallo, el cual absolvió al Instituto de Seguros Sociales, sede de Medellín, de todas y cada una de las súplicas de la demanda. El fundamento de este libelo de casación, que se puede llamar petitum, es que, ante la negativa, por revocatoria de fallo, de la totalidad de la pretensión de la aspirante a que se le conceda la pensión por invalidez total de su esposo, al casarse la sentencia impugnada, a la vez que, como consecuencia de ésta, se declare que el fallo de primer grado debe acogerse en su totalidad.

5°) La expresión de los motivos de casación. Sobre este punto crucial para que proceda el recurso, cabe decir que el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estima violado, es el articulo 39 de la Ley 100 de 1993, relativo a los requisitos para obtener la Pensión de Invalidez, en su literal b). El concepto de la infracción es por interpretación errónea. El texto de dicho literal es el siguiente: b) que habiendo dejado de cotizar al sistema , hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

No cabe duda de que la disposición transcrita parece concreta y restrictiva. El Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, después de citar textualmente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, considera que “conforme a los documentos que obran a folios 52 a 55, se tiene que el actor cotizó un número total de 255 semanas, y ninguna de ellas fue cotizada en el año inmediatamente anterior al estado de invalidez, pues lo cierto del caso es que la ultima de sus cotizaciones se registró en el mes de julio de 1988 (fls.55), aunado al hecho de que para el momento de determinarse el estado de invalidez no estaba cotizándola régimen. Luego, es claro que el fallecido señor LUIS EMILIO GOMEZ MARILES, no reunió los requisitos de Ley para ostentar la calidad de pensionado por invalidez de origen no profesional”.

Hace el a-quem (sic) otras consideraciones y cita jurisprudencia de la Corte, que no es del caso examinar siquiera, debido a que el fundamento de la revocatoria es la interpretación del literal b) del articulo 39 de la Ley 100 de 1993. Enfrentemos ese literal b) con el literal a) de la misma norma: “que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiese cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez y...” (sigue el literal b). El primer literal exige que se encuentre cotizando y hubiere cotizado las 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez. El segundo literal dice que habiendo dejado de cotizar hubiere efectuado aportes por lo menos de 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

En esa interpretación restrictiva de 26 semanas en y antes un año de producirse el estado de invalidez, la sentencia que se impugna no tuvo en cuenta que el sentido de la seguridad social no debe ser nunca de atraso sino de avance en sus propósitos; por eso la restricción para el logro de sus beneficios, debe ser inocua en la mayoría de los casos (léanse los artículos 10 y 11 , especialmente el inciso segundo de este último: “Para efectos de este articulo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo”, correspondientes a la Ley 100 de 1993. y esa interpretación errónea, por parte del fallador de segunda instancia, para informarse de un criterio social atinado, no tuvo en cuenta esos principios generales incluidos en la Ley, al desatar la litis. Como tampoco tuvo en cuenta el articulo 13 de la citada ley, en su literal 1) “Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector publico o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”. (Subraya fuera del texto). Los literales g), h), i) del articulo mencionado, integran el principio y sentido de la solidaridad.

Las anteriores son fuentes legales para que el fallador se informe de un criterio de solidaridad social que dio origen a la citada Ley 100 y a todo lo que el Estado colombiano ha querido para beneficiar a la población más necesitada y desprotegida. Pero es que ni siquiera lo asaltó la duda, ya que si así (sic) hubiera sido, la Constitución Política que podría tener a su lado (articulo 53), le habría servido como asesora para la interpretación de la norma, como un mejor parámetro de servicio social, como debe hacerlo toda la administración pública de un Estado Social de Derecho que se respete, como lo es Colombia.

En este cargo a la violación del articulo 39, en su literal b), no se están invocando como violadas las otras normas citadas de la Ley 100, sino que sirven como principios orientadores de la interpretación que se debe dar a la disposición, con el fin de quitarle el ánimo de restricción que ha querido o quiso darle el fallo de segunda instancia acusado. Surge esta inquietud: Para qué se crearon esos principios generales de protección y solidaridad social, si los falladores en derecho laboral no los tienen en cuenta? Existirá prevención para darles la aplicación debida?

El mismo fallo de segunda instancia esta confirmando el número de semanas cotizadas por Gómez Amariles (255, folios 52 a 55). Si hay que respetar las semanas cotizadas, que constituyen un derecho adquirido, como lo establecen el inciso segundo del artículo 11 y el literal 1) del art.13 de la citada Ley 100 del 93, por qué no interpretó en su debida forma el literal b) del artículo 39? Por lo siguiente, Honorables magistrados: El legislador quiso favorecer con esas 26 semanas, tanto a los que hubieren empezado a cotizar un año antes de un eventual accidente de trabajo y al que en el momento de producirse la invalidez esté cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas. Eso no quiere decir que quien haya cotizado más o muchas más semanas de esas 26 vaya a perderlas, lo cual no tendría sentido ni explicación. Simplemente, se quiso ampliar la cobertura del beneficio de seguridad social, con la disminución de los requisitos para optar a esa pensión de invalidez, cuando llegare el caso. De no ser así (sic), esa restricción carecería de lógica. Es obvio que el que puede lo más puede lo menos. Otras consideraciones que hace el fallador a-quem,(sic) como el fenómeno jurídico de la transición, del articulo 6° del Acuerdo 049 del año 90, de jurisprudencias similares, etc., no tienen nada que ver con el planteamiento aquí esbozado, pues se trata de explicar el o los motivos de la interpretación errónea de la sentencia acusada. En resumen, esas 26 semanas nada tienen que ver con las ya cotizadas en numero mayor, por cualquier afiliado al sistema de seguridad social. Sino que se trata de un beneficio de cobertura de seguridad social para la comunidad, que puede parecer restrictivo, sin serlo. En eso consistió la interpretación errónea.
Todo lo anterior, en forma suscinta (sic) es lo que constituye el motivo del cargo acusatorio, por decirlo de algún modo, al fallo recurrido, con el fin de que proceda la casación.”
(Folios 8, 9 y 10).

Por su parte el opositor sostiene que el cargo no ataca el fundamento principal del fallo, pues el señor Luis Emilio González Amariles no reunió el número de aportes necesarios para acceder a una pensión de invalidez y por lo tanto mal puede su cónyuge pretender una sustitución de la misma. Por lo anterior el ISS le reconoció al afiliado una indemnización sustitutiva.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Pretende el recurrente la casación de la sentencia impugnada, con fundamento en la aplicación de los principios generales de protección y solidaridad social y por lo tanto se respeten las semanas cotizadas que constituyen un derecho adquirido.

A  pesar de que en el cargo se señala que el concepto de la infracción es la interpretación errónea, en el desarrollo del mismo no se destruye la argumentación del juez plural, la que se fundamentó principalmente en la interpretación jurisprudencial del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sobre la que el recurrente manifestó “Hace el a- quem (sic) otras consideraciones y cita jurisprudencia de la Corte, que no es del caso examinar siquiera”   lo que sería suficiente para su improsperidad.

En atención a la modalidad escogida se entiende que la vía es la directa y en consecuencia se aceptan los siguientes supuestos de hecho:

1-. Que la estructuración de la invalidez fue el día 29 de abril de 1994.

2-. Que el señor Luis Emilio Gómez Amariles cotizó un número total de 255 semanas, ninguna de ellas en el año inmediatamente anterior al estado de invalidez, pues la última cotización se registró en el mes de julio de 1988.

Por lo tanto, no cumplió con los requisitos del ordinal b) del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que es la norma vigente para esa fecha y la que exige 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

Pero, si en gracia de discusión se pensara en la aplicación de la condición más beneficiosa y por lo tanto en acogerse al Acuerdo 049 de 1990 en los términos de la doctrina mayoritaria de la Sala, que exigía 150 semanas de cotización en los 6 años anteriores a la declaratoria de la invalidez o 300 en cualquier época, encontramos lo siguiente:

1-. Entre el 29 de abril de 1988 y el 29 de abril de 1994 (6 años antes de la invalidez), solo cotizó 9 semanas (folios 54 y 55).

2-. En todo el tiempo solo cotizó 255 semanas (folio 55).

Es decir, que en ninguno de los dos sistemas el señor Luis Emilio Gómez Amariles llegó a consolidar derecho a la pensión de invalidez, y en consecuencia no es posible la sustitución de la misma a su cónyuge.

Por lo dicho el cargo no prospera. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 5 de abril de 2005, en el proceso seguido por MARÍA EUGENIA GÓMEZ AMARILES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente.

 Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA 

CARLOS ISAAC NADER 


LUIS JAVIER OSORIO LÒPEZ 

FRANCISCO JAVIER RICAURTE  GÓMEZ 

CAMILO TARQUINO GALLEGO  ISAURA VARGAS DÍAZ

MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA
SECRETARIA





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