LOS TRABAJADORES OCASIONALES AHORA TIENEN DERECHO A PRIMA DE SERVICIOS Y AUXILIO DE CESANTÍA
Octubre 4 de 2006

CORTE CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
COMUNICADO DE PRENSA

(4 de octubre de 2006)

La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 4 de octubre de 2006, adoptó las siguientes decisiones:

1. EXPEDIENTE D-6234/06 - SENTENCIA C-819/06

Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño 1.1.      Normas acusadas

“LEY 1015 DE 2006
(febrero 7)

por la cual se expide el Régimen Disciplinario para a Policía Nacional

Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:   (…)

10. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización.   (…)

12. Cuando se está en desarrollo de actividades propias del servicio o sin estar en él, realizar prácticas sexuales de manera pública, o dentro de las instalaciones policiales, cuando se comprometan los objetivos de la actividad y de la disciplina policial. Artículo 35. Faltas graves. Son faltas graves: (…)

18. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como contravención, que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización.

Artículo 36. Faltas leves. Son faltas leves las siguientes: (…)

14. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación.”

1.2. Problema jurídico planteado

Previa la definición acerca de la existencia o no de cosa juzgada constitucional respecto de las disposiciones demandadas, la Corte debe resolver (i) si las conductas delictivas o contravencionales en que incurran los miembros de la policía, durante períodos de cese transitorio en las funciones propias del cargo, que afecten el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o prestigio de la institución, entrañan afectación del deber funcional y si su configuración como faltas disciplinarias, constituye una expresión legítima de la potestad de configuración del legislador en materia disciplinaria; (ii)  si la conducta desarrollada por miembros de la policía, consistente en realizar prácticas sexuales de manera pública, cuando se está en desarrollo de actividades propias del servicio o sin estar en él, o dentro de las instalaciones policiales, y se comprometa con ello los objetivos de la actividad y de la disciplina policía, tiene la aptitud de afectar el deber funcional y si su configuración como falta disciplinaria es una expresión legítima de la potestad del legislador en materia disciplinaria; y (iii) si la conducta del servidor público policial consistente en el incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación, tiene la potencialidad de afectar el deber funcional y su tipificación como falta disciplinaria constituye una expresión legítima de la potestad de configuración del legislador en materia disciplinaria.

1.3. Decisión

Primero.- Declarar exequible, por el cargo analizado, el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en el entendido de que la conducta debe afectar los fines de la actividad policial y salvo las expresiones “que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución”, que se declaran inexequibles.           

Segundo.- Declarar exequible el numeral 12 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, salvo la expresión “o sin estar en él”, que se declara inexequible.

Tercero.- Declarar exequible, por el cargo analizado, el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, en el entendido de que la conducta debe afectar los fines de la actividad policial y salvo las expresiones empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución”, que se declaran inexequibles.

Cuarto.- Declarar exequible el numeral 14 del artículo 36 de la Ley 1015 de 2006.

1.4. Razones de la decisión

En primer término, la Corte determinó que frente a las sentencias C-728/00, C-949/02 y C-431/04, no cabe predicar la existencia de cosa juzgada material, no obstante que en estos fallos la Corporación se pronunció sobre contenidos normativos similares a los acusados. Al respecto, encontró que si bien se presentan similitudes entre las normas revisadas en uno y otro caso, lo cierto es que las disposiciones acusadas hacen parte de un cuerpo normativo diferente al del régimen disciplinario general aplicable a todos los servidores públicos, esto es, el estatuto disciplinario de los miembros de la Policía Nacional, cuyos fines e imperativos constitucionales revisten cierta especificidad. De manera general, la Corte reafirmó el amplio margen de configuración atribuido al legislador en materia disciplinaria, cuyos límites están en el fin que persigue la potestad disciplinaria, consistente en asegurar el cumplimiento de la función pública por parte de los servidores públicos, conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución. En esa medida, los regímenes disciplinarios no pueden erigir cualquier conducta en falta disciplinaria, sino solo aquellas conductas con potencialidad de afectar la función pública. Es decir, conductas que comporten el quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor publico, constituido por el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo y la obligación de obrar de manera acorde con la Constitución y la ley, garantizando una adecuada representación del Estado. En el caso concreto, la índole de las funciones específicas que están llamadas a ejecutar estos cuerpos armados, es lo que determina la configuración de faltas propias de un régimen especial (art. 218 C.P.) y las sanciones que se les pueden imponer. En particular, las labores dirigidas al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia de todos los ciudadanos en paz. En cuanto se refiere a las faltas disciplinarias tipificadas en los numerales acusados, la Corte encontró que todas ellas  comportan la separación transitoria del servidor público policial del servidor público de las funciones que ordinariamente cumple en el desempeño de su cargo y que no obstante esa transitoria desvinculación, mantiene su condición de miembro de la institución policial en servicio activo y por lo tanto, portador de la investidura policial y de los deberes imputables a tal condición.  En los casos contemplados en los numerales 10 del artículo 34 y 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, se advierte que la comisión de conductas punibles como delitos o contravenciones por miembros de policía, son de suyo relevantes para justificar su tipificación como falta disciplinaria en tanto y por cuanto se relacionan con el incumplimiento del deber funcional, los fines de la institución policial y la adecuada y legítima  representación del Estado. Sin embargo, condicionar a que tales conductas “empañen o afecten el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución” implica dejar al arbitrio de la autoridad disciplinaria, la determinación de elementos subjetivos de la conducta objeto de investigación y eventual sanción,  que deberían estar definidos de manera precisa en el tipo disciplinario y que por lo mismo, desconoce el principio de legalidad. En consecuencia, los citados numerales fueron declarados exequibles, salvo en el segmento normativo que alude a esa condición, el cual fue declarado inexequible. De otra parte, la Corte encontró que la conducta descrita en el numeral 12 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, como falta disciplinaria de los miembros de la policía, se ajusta a los parámetros  indicados por la jurisprudencia, en cuanto, actos que pertenecen  a la esfera estrictamente privada de los individuos pueden constituir falta disciplinaria, cuando las practicas sexuales se realicen de manera pública, o en desarrollo de las actividades del servicio o dentro de las instalaciones policiales, en la medida en que comprometen los objetivos básicos de la actividad y disciplina policial y solo bajo tal consideración, pueden ser objeto de sanción disciplinaria. No obstante, la intervención disciplinaria no puede llegar hasta sancionar dichas prácticas, cuando el servidor público no esté en ejercicio de actividades propias  del servicio, pues en este evento, se pierde la conexidad que se exige con el cumplimiento del deber funcional  y los objetivos básicos de la actividad policial y se ingresa en el ámbito de libertad y privacidad de todo individuo. De ahí, que la Corte haya declarado exequible el numeral 12 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006, con excepción de la frase “o sin estar EN el”, a fin de garantizar el espacio de libertad en el que no puede intervenir la ley disciplinaria.   Por último, la Corte constató que la falta disciplinaria prevista en el numeral 14 del artículo 36 de la Ley 1015 de 2006,  recoge las pautas fijadas en la jurisprudencia respecto a las condiciones que debe reunir el incumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia del servidor público, para constituir falta disciplinaria, cuales son, las de que ese incumplimiento debe ser reiterado e injustificado y referirse a obligaciones impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. Por tal motivo, este numeral  fue declarado ajustado a la Constitución y en particular a los artículos 6º, 29 y 218 de la Constitución Política.

1.5. El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto  en relación con la declaración de exequibilidad parcial del numeral 12 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, toda vez que considera que los elementos de la conducta tipificada como falta disciplinaria, son demasiado amplios y carecen de la precisión que exige el principio de legalidad, de manera que dejan al arbitrio del funcionario disciplinario la determinación de cuando las prácticas sexuales de un miembro de la policía constituyen falta disciplinaria.

Los magistrados JAIME CORDOBA TRIVIÑO y RODRIGO ESCOBAR GIL anunciaron la presentación aclaraciones de voto relacionadas con algunos de los fundamentos expuestos en la motivación de esta sentencia.

2. EXPEDIENTE D-6224 - SENTENCIA C-820/06

Magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra


2.1. Norma acusada

CODIGO CIVIL

“Artículo 25. La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, sólo corresponde al legislador”.”


2.2.      Problema jurídico planteado

Corresponde a la Corte determinar si la interpretación con autoridad de la ley, que por disposición del Código Civil corresponde exclusivamente al legislador, viola la cosa juzgada constitucional contenida en la sentencia C-037/96, mediante la cual se revisó la ley estatutaria de la Administración de Justicia y si desconoce la facultad atribuida a las altas cortes para interpretar la ley cuando se trata de asuntos concretos o cuando la Corte Constitucional fija el sentido constitucionalmente válido de la misma en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto o en vía de tutela.


2.3.      Decisión

Declarar exequible el artículo 25 del Código Civil, por los cargos analizados, salvo las expresiones “con autoridad” y “solo”  que se declaran inexequibles. La exequibilidad se condiciona en el sentido de entender que la interpretación que de la ley oscura hace la Corte Constitucional en ejercicio del control constitucional, dentro del ámbito de sus competencias, tiene carácter obligatorio.

2.4.      Razones de la decisión

Después de examinar la disposición legal y el alcance de la Sentencia C-037/96 en relación con la interpretación a que se sujetó el artículo 48 del proyecto de ley estatutaria revisado en dicho fallo, la Corte concluyó que no existe en el presente caso, un desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, como quiera que el contenido normativo que fue objeto de decisión de la Corte Constitucional en la citada sentencia es diferente al que se somete a estudio de esta Corporación, pues en aquella oportunidad la Corte centró su análisis en la interpretación con autoridad de la Constitución, mientras que la norma demandada regula la interpretación con autoridad de la ley, lo cual, evidentemente, no solo expresa contenidos normativos diversos, sino que plantea problemas jurídicos diferentes, por lo que ello releva a la Corte de hacer el contraste histórico y en consecuencia, resulta claro que no existe violación a la cosa juzgada constitucional. Para resolver el otro  problema jurídico que se plantea, la Corte precisó de manera preliminar que el artículo 25 del Código Civil establece en realidad un monopolio en cabeza del legislador, para interpretar la ley oscura con carácter obligatorio, excluyendo al juez. Para la Corte, si bien es indiscutible que el legislador goza de la facultad para interpretar las leyes oscuras, en virtud del artículo 150, numeral 1 de la Constitución, la asignación exclusiva de tal atribución al Congreso, desconoce el papel del juez para “crear el derecho”, connatural a la labor de administrar justicia, en las situaciones en las que la ley no es clara. No puede desconocerse que la ley debe responder a la realidad social en que se adopta, que la sociedad es dinámica y con ella cambian las realidades en donde debe ser aplicada, de manera que debe adaptarse a un realidad cambiante para ofrecer soluciones adecuadas, dadas por el legislador o el juez. Dado que la interpretación “con autoridad” de las leyes oscuras se encamina a establecer el carácter general, erga omnes y obligatorio de la ley aclaratoria de otra, tal interpretación no puede ser exclusiva del legislador, en la medida en que la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, debe necesariamente  precisar el contenido normativo de las normas sometidas a control para poder efectuar su confrontación y verificar su compatibilidad con el ordenamiento constitucional. De esta manera, el tribunal constitucional interpreta el alcance de una disposición legal con un efecto general, erga omnes que se deriva de la supremacía constitucional (arts. 4º y 241 C.P.), la fuerza normativa de la Constitución y el principio de cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), que le impone al legislador el deber de no reproducir las normas declaradas inexequibles y a todos los operadores jurídicos, la obligación de  aplicar la norma en el sentido fijado por la Corte. Es decir, que esa interpretación de la ley es obligatoria. En ese orden, es claro, que el legislador no puede ser el único intérprete autorizado de la ley oscura, sino que también la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, también puede imponer una interpretación  de la ley con carácter vinculante. Por consiguiente, las expresiones “con autoridad” y “solo”, que restringen al legislador la interpretación de la ley con un efecto general deben ser excluidas del ordenamiento jurídico, al desconocer la atribución de la Corte Constitucional para efectuar dicha interpretación. Para mayor claridad, la Corte condicionó igualmente la exequibilidad del artículo 25 del Código Civil para que se entienda que incluye la competencia del tribunal constitucional para realizar esa interpretación con el mismo efecto general.

2.5.              Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL, NILSON PINILLA PINILLA y HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO manifestaron su salvamento de voto, por diferentes razones. En el caso del magistrado PINILLA PINILLA su salvamento de voto fue parcial.

3. EXPEDIENTE D-6227 - SENTENCIA C-821/06

Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

3.1.      Norma acusada

“LEY 793 DE 2002

(diciembre 27)

por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio

 

3.2.      Problema jurídico planteado

La Corte debe establecer si la expresión “se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio”, contenida en el título de la Ley 793 de 2002 atenta o no contra el mandato de correspondencia entre el título de la ley y su contenido consagrado en el artículo 169 de la Constitución, por carencia de especificidad, en tanto el título hace alusión en forma genérica a la extinción del dominio, mientras que dicha ley sólo reglamenta aquella que tiene lugar por enriquecimiento ilícito.

3.3.      Decisión

Declarar exequible, por el cargo estudiado, la expresión “se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio” contenida en el título de la Ley 793 de 2002.

3.4.      Razones de la decisión

De manera preliminar, la Corte determinó que los principios de unidad de materia (art. 158 C.P.) y de correspondencia entre el título de la ley y su contenido (art. 161 C.P.), son dos parámetros de enjuiciamiento constitucional diferentes, aplicables cada uno de ellos a partes de la ley igualmente diversas. De un lado, la unidad de materia, en estricto sentido, es una exigencia que se hace frente a las disposiciones incluidas en una ley, con el fin de que en el conjunto de preceptos no sean introducidos temas completamente ajenos a la materia que se pretende regular. De otro, el principio de correspondencia entre el título de la ley y su contenido, busca garantizar que en la nominación de las leyes no se incurra en contradicciones o imprecisiones y se haga alusión de manera genérica al tema global objeto de regulación, de manera que haya unidad entre el cuerpo normativo en su conjunto y su título. De ahí que el análisis de constitucionalidad  pueda circunscribirse al título de la ley o de una de sus partes. En el presente caso, la Corte constató que la expresión acusada guarda relación directa de conexidad con el contenido de la ley, pues se trata de una ley que, efectivamente, contiene la normatividad relativa a la extinción del dominio, aún cuando su título no especifique que se trata de aquella que tiene lugar con ocasión del enriquecimiento ilícito. De esta manera, la correspondencia entre la expresión acusada y el contenido resulta innegable. Adicionalmente, advirtió que la primera parte del título de la ley señala que deroga la Ley 333 de 1996, que se ocupaba exclusivamente de la extinción de dominio de los bienes de ilegítima procedencia. En conclusión, para la Corte no es de recibo el cargo formulado, pues como ya lo ha señalado, el título de las leyes cumple la función de ilustrar, de forma genérica, la materia que se pretende regular en el respectivo cuerpo normativo, sin que le sea exigible al legislador exponer con exhaustividad dentro del título, todos y cada uno de los aspectos que el tema central incluye. Por consiguiente, la expresión demandada fue declarada exequible por no vulnerar el principio de correspondencia entre el título de la Ley 793 de 2002 y su contenido.

4. EXPEDIENTE D-6238 - SENTENCIA C-822/06

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

4.1.      Normas acusadas

“LEY 599 DE 2000

(julio 24)

por la cual se expide el Código Penal

Artículo 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otrose lo cause, incurrirá en prisión en uno (1)  a tres (3) años.

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior.

Artículo 123. Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.

Artículo 124. Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.

Parágrafo. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto.

4.2.      Decisión

Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-355 de 2006.

4.3.      Razones de la decisión

La Corte encontró que mediante Sentencia C-355 de 2006, se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 122, 123 y 124, modificados por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y 32, numeral 7 de la Ley 599 de 2000. En dicha oportunidad, los demandantes consideraban que las normas acusadas vulneraban la Constitución Política por argumentos semejantes a los esgrimidos en la presente demanda. Existiendo identidad entre las normas acusadas y los cargos examinados en la sentencia referida, con las normas acusadas y los cargos planteados en esta oportunidad, la Corte dispuso estar a lo resuelto en la citada providencia, por haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

4.4. Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL, MARCO GERARDO MONROY CABRA y ALVARO TAFUR GALVIS anunciaron la presentación de una aclaración de voto, por cuanto si bien debe acatarse la decisión adoptada por la Corte en la sentencia C-355 de 2006, en su momento se apartaron de la misma, por las razones que expusieron en los correspondientes salvamentos de voto.

El magistrado NILSON PINILLA PINILLA, anunció la presentación de una aclaración de voto, dentro del respeto y acatamiento que se debe a la sentencia C-355 de 2006.

5. EXPEDIENTE D-6257 - SENTENCIA C-823/06

Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño

5.1.Normas acusadas

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

TITULO VIII

PRESTACIONES PATRONALES COMUNES (…)

CAPITULO II

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTICULO 223. EXONERACIÓN DE PAGO

1. Las normas de este capítulo no se aplican:   (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

CAPITULO III

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (…)

ARTICULO 229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

CAPITULO IV

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR

ARTICULO 247. REGLA GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

 

CAPITULO VII

AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

TITULO IX

PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES (…)

CAPITULO V

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO

ARTICULO 289. EMPRESAS OBLIGADAS. Modificado por el artículo 12 de la Ley 11 de 1984. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.

5.2.      Problema jurídico planteado

Se plantea a la Corte resolver si configura vulneración al derecho a la igualdad (arts. 13 y 25 C.P.) de los trabajadores transitorios u ocasionales, en relación con los que se desempeñan bajo otras formas de vinculación contractual, la exclusión de aquellos de las prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo, del auxilio monetario por enfermedad no profesional; de los gastos funerarios del trabajador, del auxilio de cesantía y del seguro de vida colectivo. Así mismo, si dicha exclusión va en contra del principio de universalidad en la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución.

5.3.      Decisión

Primero.- Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 223, literal b), 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Segundo.- Declarar inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

5.4.      Razones de la decisión

En primer término, la Corte constató que en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 139, numeral 11 de la Ley 100 de 1993, se expidió el Decreto 1295 de 1994 que reguló en su integridad la materia concerniente al Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo cual operó la derogatoria orgánica del literal b) del artículo 223 (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); del literal b) del artículo 229 (auxilio monetario por enfermedad no profesional); 247 (auxilio funerario); 289 (seguro de vida colectivo), que se agrupaban bajo el Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo. Por tal razón, no existe hoy objeto sobre el cual se pueda pronunciar la Corte, lo que llevó a la inhibición. En cuanto se relaciona a la no aplicación del auxilio de cesantía prevista en el literal b) del artículo 251 del mismo Código, la Corporación encontró que establece un trato discriminatorio para los trabajadores ocasionales, en cuanto los excluye del pago de dicho auxilio establecido como un ahorro del trabajador para solventar la situación que se genera para él y su familia, cuando termina la relación laboral y se encuentre desempleado. No asiste duda a la Corte que estos trabajadores se encuentran en la misma situación de cualquier trabajador contratado por períodos cortos, al término del contrato. Los criterios relacionados con la duración del contrato y con la naturaleza de la actividad a la cual se dedica el empleador de manera permanente o accidental, no configuran criterios relevantes para establecer que se trata de supuestos de hecho diferentes, que ameriten un trato distinto.  Así las cosas, los denominados trabajadores ocasionales, se encuentran en la misma situación de aquellos vinculados mediante otras modalidades contractuales de mayor estabilidad, para efectos de contar con el auxilio de cesantía al término de la relación laboral. Para la Corte, la exclusión contenida en las normas impugnadas afecta a primera vista derechos fundamentales de un sector particularmente vulnerable de la sociedad, los trabajadores que no gozan de una mínima estabilidad laboral. Con ello se omite la especial protección que la Constitución exige a los poderes públicos y a los particulares en relación con el trabajo en todas sus modalidades (art. 25 C.P.). Encuentra la Corte que la medida que exceptúa a los trabajadores ocasionales del pago del auxilio de cesantía no responde a una finalidad que pueda considerarse legítima a la luz de la Constitución, que promueve los valores de la igualdad, equidad, justicia y dignidad inherentes al Estado social de derecho. Adicionalmente, resulta violatoria del principio de universalidad de la seguridad social establecido en el artículo 48 de la Constitución, que cobija a todos los trabajadores, independientemente de la modalidad de su vinculación. Por lo expuesto, la Corte declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

5.5.      Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL y NILSON PINILLA PINILLA salvaron el voto frente a esta decisión, por cuanto consideran que no se puede predicar la igualdad absoluta entre los trabajadores accidentales u ocasionales y los trabajadores vinculados bajo otras modalidades contractuales, en la medida en que laboran por la naturaleza de su actividad, por períodos menores a un mes en labores esporádicas que no requieren de más tiempo y que por la misma razón, dificultan su afiliación al sistema de seguridad social y a los fondos de cesantía y aseguradoras. A su juicio, estas diferencias justifican el trato distinto que la ley le da a los trabajadores ocasionales o accidentales.

6. EXPEDIENTE D-6245 - SENTENCIA C-824/06

Magistrado ponente: Dr. Jaime Araújo Rentería

6.1.      Normas acusadas

LEY 141 DE 1961

(diciembre 15)

Por la cual se adoptan como legislación permanente los Decretos 2663 y 3743 de 1950

TITULO VIII (…)

CAPITULO III

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (…)

ARTICULO 229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

CAPITULO IV

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR

ARTICULO 247. REGLA GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPITULO VII

AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

6.2.      Decisión

Primero.- Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 229, literal b) y 247 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

6.3.      Razones de la decisión

En atención a la regulación integral realizada por el Decreto Ley 1295 de 1994, del Sistema General de Riesgos Profesionales, los artículos 229, literal b) y 247 del Código Sustantivo del Trabajo fueron derogados, razón por la cual no existe objeto sobre el cual pronunciarse, la Corte de declaró inhibida para emitir un fallo de fondo sobre tales disposiciones legales.  De otra parte, en vista de que se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto del literal b) del artículo 251 del mismo Código, la Corporación dispuso estar a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2006, que declaró inexequible el citado literal.

7. EXPEDIENTE D-6258 - SENTENCIA C-825/06

Magistrado ponente: Magistrado Jaime Araújo Rentería

7.1.      Normas acusadas

TITULO VIII (…)

CAPITULO III

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (…)

ARTICULO 229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

CAPITULO IV

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR

ARTICULO 247. REGLA GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPITULO VII

AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

TITULO IX

PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES (…)

CAPITULO V

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO

ARTICULO 289. EMPRESAS OBLIGADAS. Modificado por el artículo 12 de la Ley 11 de 1984. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.

CAPITULO VI

PRIMA DE SERVICIOS

ARTICULO 306. PRINCIPIO GENERAL

1.         [Toda empresa: declarado inexequible] esta obligada a pagar a cada unote sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios así: (…)

7.2.      Decisión

Primero.- Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tercero.- Declarar inexequible la expresión “excepto a los ocasionales o transitorios” del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

7.3.      Razones de la decisión

La Corte constató en el presente caso, la carencia actual de objeto sobre el cual pronunciarse, en razón de la expedición del  Decreto Ley 1295 de 1994, que reguló integralmente del Sistema General de Riesgos Profesionales y en consecuencia, los artículos 229, literal b), 247 y 289 del Código Sustantivo del Trabajo fueron derogados. Por tal motivo, la Corte de declaró inhibida para emitir un fallo de fondo sobre las citadas disposiciones legales.  De otra parte, en vista de que se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto del literal b) del artículo 251 del mismo Código, la Corporación dispuso estar a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2006, que declaró inexequible el mencionado literal. Finalmente, la Corte encontró que la exclusión del pago de una prima de servicios a los trabajadores ocasionales o transitorios, constituye una discriminación de estos trabajadores que laboran por espacios inferiores a un mes,  a quienes se les da un trato distinto a los demás trabajadores sin que la duración de la relación laboral y la naturaleza de la actividad justifiquen tal discriminación. En este punto, la Corporación reiteró la jurisprudencia sentada en cuanto no resulta razonable ni proporcionado, condicionar el pago de la prima de servicios a que el trabajador hubiese laborado un período fijado por el legislador, pues el fundamento de esta prestación es precisamente la prestación de un servicio que se da en todos los casos, independientemente de la duración y naturaleza de las labores que se desempeñen. Por consiguiente, dicha exclusión no se ajusta a la Constitución y por ende, fue declarada inexequible.

8. EXPEDIENTE D-6251 - SENTENCIA C-826/06

Magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

8.1.      Normas acusadas

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

TITULO VIII

PRESTACIONES PATRONALES COMUNES (…)

CAPITULO II

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTICULO 223. EXONERACIÓN DE PAGO

1. Las normas de este capítulo no se aplican:

(…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

            CAPITULO III

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (…)

ARTICULO 229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

CAPITULO IV

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR

ARTICULO 247. REGLA GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPITULO VII

AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

TITULO IX

PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES (…)

CAPITULO V

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO

ARTICULO 289. EMPRESAS OBLIGADAS. Modificado por el artículo 12 de la Ley 11 de 1984. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.

CAPITULO VI

PRIMA DE SERVICIOS

ARTICULO 306. PRINCIPIO GENERAL

2.         [Toda empresa: declarado inexequible] esta obligada a pagar a cada unote sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios así: (…)

8.2.      Decisión

Primero.- Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 223, literal b), 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2003, que declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tercero.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-825 de 2003, que declaró inexequible la expresión “excepto a los ocasionales o transitorios” contenida en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

8.3.      Razones de la decisión

Se reiteraron los mismos argumentos de la inhibición expuestos en las sentencias C-823, C-824 y C-825 de 2006, respecto de lo derogatoria orgánica producida por el Decreto Ley 1295 de 1994 de las normas acusadas, salvo el artículo 306 ya declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-825/06, sobre el cual entonces existe cosa juzgada constitucional.

9. EXPEDIENTE D-6256 - SENTENCIA C-827/06

Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

9.1.      Normas acusadas

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO (…)

 

CAPITULO III

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (…)

ARTICULO 229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

CAPITULO IV

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR

ARTICULO 247. REGLA GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPITULO VII

AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

TITULO IX

PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES (…)

CAPITULO V

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO

ARTICULO 289. EMPRESAS OBLIGADAS. Modificado por el artículo 12 de la Ley 11 de 1984. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.

9.2.      Decisión

Primero.- Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

9.3.      Razones de la decisión

Además de la constatación de la existencia del fenómeno de cosa juzgada constitucional, la Corte expuso las mismas razones que la llevaron a inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre algunas de las normas acusadas en las sentencias C-823, C-824, C-825 y C-826 de 2006, por derogatoria orgánica de dichas normas llevada a cabo por el Decreto ley 1295 de 1994.

10. EXPEDIENTE D-6259 - SENTENCIA C-828/06

Magistrado ponente: Dr. Alvaro Tafur Galvis

10.1. Normas acusadas

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

CAPITULO III

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (…)

ARTICULO 229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

CAPITULO IV

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR

ARTICULO 247. REGLA GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios.

CAPITULO VII

AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica: (…)

b) A los trabajadores accidentales o transitorios

 

TITULO IX

PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES (…)

CAPITULO V

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO

ARTICULO 289. EMPRESAS OBLIGADAS. Modificado por el artículo 12 de la Ley 11 de 1984. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.


10.2.    Decisión

Primero.- Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-823 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

10.3.    Razones de la decisión

La Corte reiteró los argumentos por los cuales se inhibió de emitir fallo de fondo sobre las normas acusadas en las sentencias C-823, C-824, C-825, C-826 y C-827 de 2006, en cuanto el Decreto 1295 de 1994 reguló de manera integral el Sistema General de Riesgos Profesionales y por lo tanto, fueron derogadas tales normas. Así mismo, la existencia de cosa juzgada constitucional acerca del literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Presidente